MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Defensor del Pueblo considera que «si no se asume que el ritmo de adaptación forzosamente no puede ser el mismo» para los mayores y para el resto de la población, se está abocando a estos a «renunciar a su autonomía» y confiar la gestión de su dinero a otras personas.

Así consta en el informe anual del organismo correspondiente al ejercicio 2022 y difundido este lunes.

En el documento consta un apartado dedicado a la exclusión financiera y en el mismo, el Defensor del Pueblo valora «positivamente» que «la agenda pública se haya abierto a estas cuestiones», puesto que a lo largo del año se ha reforzado el protocolo de atención a los mayores, se ha lanzado el proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente y el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de defensa del cliente financiero.

Resalta que el peso del colectivo de las personas mayores «obliga a tomar muy en cuenta» la búsqueda de herramientas para atenderlos adecuadamente y que les permitan «conservar su autonomía personal, especialmente en asunto jurídicos, financieros y administrativos».

Por esta razón, en su opinión, «resulta insoslayable que el diseño de la atención a la clientela y a los usuarios bancarios cohoneste los intereses de las empresas financieras con un modelo de negocio acorde con las necesidades específicas de este sector de la población». Según el Defensor, «si no se asume que el ritmo de adaptación forzosamente no puede ser el mismo que el de la población de menos edad, simplemente se está abocando a las personas mayores a renunciar a su autonomía y a confiar la gestión de su economía y de sus gestiones a otras personas».

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se refiere a las quejas que viene recibiendo desde hace varios años de las organizaciones de apoyo a inmigrantes, según las cuales las entidades bancarias niegan la posibilidad de abrir cuentas de pago básicas a inmigrantes en situación irregular, o se les exigen requisitos que no se les piden a los ciudadanos españoles.

A este respecto, el organismo destaca que «al menos parte de la población inmigrante residente en España» no tiene facilidades para abrir una cuenta de pago básica y «está en riesgo de caer en la exclusión financiera».

Explica que en el Gobierno se ha trasladado la cuestión al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y va a proponer un informe de evaluación del acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. Igualmente está en elaboración un informe de evaluación del uso realizado por los consumidores de las cuentas de pago básicas y la conveniencia de extender la obligación de prestar dicho servicio a otro tipo de proveedores de servicios de pago distintos de las entidades de crédito.

En todo caso, «no cabe más que llamar la atención sobre el hecho de que el actual proceso de bancarización de la economía –y específicamente de los flujos monetarios– conlleva necesariamente un acceso amplio y generalizado de cualquier persona, con independencia de sus circunstancias económicas, jurídicas, personales o sociales», subraya el Defensor del Pueblo, que recuerda que no facilitar el acceso a una cuenta es «un obstáculo para poder recibir una atención, por ejemplo, de carácter social, que se configura como una vía para evitar el riesgo de exclusión».