Lun. Nov 28th, 2022

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) insiste en que la brecha digital que afecta a las personas mayores y las personas con discapacidad mayores «atenta directamente contra su derecho al acceso a la información», ya que la actual tendencia en entidades públicas y privadas impone la desaparición de la atención presencial y su sustitución por servicios digitales con fuertes carencias en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos.

En este sentido, con motivo del Día Mundial de Acceso Universal a la Información, que se conmemora este miércoles, desde la Plataforma explican que el proceso de transformación digital de la sociedad «es inevitable y no tiene por qué ser perjudicial», al contrario, «las nuevas herramientas tecnológicas pueden suponer un empoderamiento para el colectivo de las personas mayores» y, de hecho, la utilización de internet está cada vez más extendida entre las personas mayores.

Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2021 el 39,1% de las personas mayores de 65 años utilizaron Internet diariamente. Aunque este porcentaje se reduce considerablemente conforme la edad es más avanzada y, sobre todo, cuando se trata de entornos rurales. Para la PMP, estos datos significan que existe «una importante brecha digital que excluye a una gran parte de la población».

La solución que plantea pasa principalmente por la «no imposición obligatoria de las herramientas digitales como única vía para acceder a la información y las gestiones necesarias en servicios públicos y privados». Así, explica, «es necesario establecer un periodo de transición en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere la coexistencia de la atención presencial y los servicios online, de manera que se facilite la adaptación de los colectivos más vulnerables a las nuevas tecnologías».

«La información ha de ser diseñada de manera que se garanticen los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato y no discriminación, debiendo implementarse de forma real todas aquellas medidas necesarias para que se garantice el acceso efectivo y en igualdad de condiciones a la misma», incide.

A este respecto, la PMP demanda a la administración la necesidad de un «ambicioso» plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía que preste especial atención a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión digital, como las personas mayores, los habitantes de zonas rurales que no están muy bien comunicadas o las familias con bajo nivel de renta o que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad.