MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El Gobierno aprobó este martes la Estrategia Nacional para Luchar contra el Sinhogarismo 2023-2030, que busca reducir durante ese periodo un 95% las personas que se encuentran en esa situación.
«Alrededor de 28.500 personas en nuestro país viven sin techo», declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Isabel rodríguez.
«Es la población de ciudades como Seseña, en la provincia de Toledo, o Candelaria, en Tenerife», precisó. De todas ellas, 7.277 personas estaban en situación de calle; otras 11.000 vivían en albergues y centros de acogida, y 9.778 se hallaban en pisos y pensiones para personas sin hogar, detalló la ministra.
Según explicó, el objetivo es reducir en un 95% aquellas personas que se encuentran en la calle de forma involuntaria durante los próximos 7 años. A su juicio, era necesario ese compromiso, a fin de ofrecer una respuesta integral y, sobre todo, coordinada con el resto de administraciones públicas».
Promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Estrategia gira en torno a dos objetivos principales: erradicar el sinhogarismo de calle y prevenirlo. Para ello establece 12 objetivos específicos, organizados en cuatro ejes de actuación.
En concreto, pretende que las 7.277 personas en situación de calle y las 2.082 sin alojamiento propio en los últimos seis meses (según datos del INE de 2022) se reduzcan al 50% en 2028 y al 95% para 2030.
Además de Derechos Sociales, en la elaboración de esta Estrategia participaron responsables de los ministerios de Sanidad; Igualdad; Interior; Justicia; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social, y Asuntos Económicos y Transformación Digital.
También lo hicieron todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG de acción social, entidades del Tercer Sector y personas que pasaron por esta situación.
Rodríguez destacó las políticas de inclusión ya puestas en marcha por el Ejecutivo, como el Ingreso Mínimo Vital o la propia Ley de vivienda, y aseguró que el Gobierno ha destinado 37 millones de euros de los fondos de recuperación a la puesta en marcha de tres proyectos piloto en nueve comunidades autónomas para la innovación social en la atención a este colectivo.