Jue. May 23rd, 2024

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que da un plazo de cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular en la causa del ‘procés’ para que informen lo que consideren oportuno tras la no comparecencia este lunes de la procesada Clara Ponsatí a la citación del magistrado y la recepción de un escrito al respecto de su abogado.

La exconsejera y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí no compareció lunes en el Tribunal Supremo donde estaba citada a declarar por un delito de desobediencia. Quien sí acudió al Supremo fue su abogado, Gonzalo Boye, que ha presentado un escrito en el que asegura que si hubiera existido el delito de desobediencia que se le imputa ya estaría prescrito.

El juez Llarena la citó como investigada por un delito de desobediencia en relación con la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El escrito de su defensa explica que Ponsatí está en Bruselas, ya que tenía varias convocatorias en el Parlamento Europo, del que es miembro.

Tras el plantón, el magistrado ha dictado una providencia en la que da cinco días la Fiscalía, Abogacía del Estado y a la acusación popular ejercida por Vox para que se pronuncien sobre la pertinencia de presentar una cuestión prejudicial antes de decretar su orden de arresto.

Llarena también pide a la defensa de Ponsatí un justificante de haber presentado la demanda de amparo ante el Pleno del Parlamento Europeo tras ser citada para la comparecencia indagatoria en el Supremo y certificación de que la eurodiputada tiene sesiones convocadas para este lunes en Bruselas.

Quizás también te interese:  CEOE reclama al próximo Gobierno reconocer a las empresas como la "principal garantía" para el crecimiento económico

El pasado 28 de marzo, la exconsejera regresó a España tras permanecer huida en Escocia y Bélgica desde 2017. Fue detenida en Barcelona y trasladada al juzgado de guardia. Horas después salió en libertad y Llarena la citó para este lunes, advirtiéndole de que podría ser conducida al juzgado «por la fuerza pública».